Una mujer y sus tres hijos, incluido un ciudadano estadounidense de 6 años, fueron deportados después de que a ella se le ordenara presentarse ante el ICE al menos 11 veces en dos meses. Un acuerdo legal sobre separación de familias inmigrantes impedía que se les expulsara del país. SAN DIEGO. Un juez dice que el gobierno de Estados Unidos debe traer de vuelta a tres familias afectadas por la política del primer mandato del presidente Donald Trump de separar a padres e hijos en la frontera, alegando que sus deportaciones en meses recientes se basaron en “mentiras, engaños y coerción”. En la orden, emitida el jueves, se determinó que las familias deportadas deberían haber podido permanecer en Estados Unidos bajo los términos de un acuerdo legal sobre la separación —por orden del gobierno de Trump— de aproximadamente 6,000 niños de sus padres en la frontera en 2018. Cada madre tenía autorización para permanecer en el país hasta 2027 bajo un permiso humanitario. El juez federal de distrito Dana Sabraw, en San Diego, indicó que el gobierno también tiene que pagar los costos del viaje de regreso. Una mujer y sus tres hijos, incluido un ciudadano estadounidense de 6 años, fueron deportados a Honduras en julio después de que a ella se le ordenara presentarse ante el ICE al menos 11 veces en dos meses, lo que, según dice, le hizo perder su trabajo. Sabraw rechazó el argumento del gobierno de que la familia dejó Estados Unidos voluntariamente. La mujer indicó que agentes del ICE visitaron su casa y le pidieron que firmara un documento en el que aceptaba irse, pero ella se negó. “Eso no les importó a estos agentes. Nos llevaron a mí y a mis hijos a un motel y me quitaron el grillete electrónico. Nos detuvieron tres días y luego nos deportaron a Honduras”, indicó la mujer en documentos judiciales. Los casos de las otras dos familias, identificadas sólo por sus iniciales, presentan similitudes. “Cada una de las deportaciones fue ilegal, y de no haber sido por las deportaciones, estas familias aún estarían en Estados Unidos y tendrían acceso a los beneficios y recursos a los que tienen derecho”, escribió Sabraw, quien fue nombrado por el presidente George W. Bush. Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a las familias, acogió con satisfacción la decisión. “El gobierno de Trump nunca ha reconocido la ilegalidad ni la crueldad gratuita de la política inicial de separación familiar, y ahora ha comenzado a volver a deportar y a volver a separar a estas mismas familias. El tribunal puso un alto y no sólo ordenó el regreso de las familias, sino que lo hizo a expensas del gobierno”, señaló. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no respondieron de momento a mensajes para solicitarles comentarios. Bajo una política de “tolerancia cero”, a los padres se les separaba de sus hijos para ser procesados penalmente al cruzar la frontera sin permiso. Sabraw ordenó el fin de las separaciones en junio de 2018, días después de que Trump las detuviera por su cuenta en medio de una intensa reacción internacional. El acuerdo prohíbe tal política hasta 2031.