Washington. Una jueza de Estados Unidos dictaminó el lunes que una versión recientemente renovada de una herramienta federal, que es primordial en la estrategia del gobierno sobre integridad electoral, es ilegal y ya no puede utilizarse. La jueza federal Sparkle L. Sooknanan falló a favor de grupos activistas que argumentaron que las recientes mejoras del programa, llamado Systematic Alien Verification for Entitlements (Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones), o SAVE, agregaron datos personales sensibles de estadounidenses de una manera que podría provocar que votantes fueran eliminados erróneamente de los padrones electorales. “En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, afirmó Sooknanan en una orden en la que explicó la decisión. “Este tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre”. Indicó que el Congreso había prohibido expresamente al gobierno centralizar la información personal identificatoria de los estadounidenses, y que las agencias federales que crearon el programa SAVE “sabían que la base de datos viola esas protecciones legales”. La decisión supone un importante revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por usar agencias federales para impulsar una ofensiva a nivel nacional contra no ciudadanos que figuren ilegalmente en los padrones electorales estatales. El sistema SAVE modificado, que los críticos habían calificado como una base de datos federal centralizada e ilegal con información de votantes, había sido un pilar clave de la segunda orden ejecutiva electoral que el mandatario firmó a principios de este año. El fallo deja incierto su futuro. “Es increíble lo duro que luchará la izquierda para impedir que resolvamos problemas que insisten en que no existen”, dijo sobre el fallo James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en una publicación en redes sociales. El DHS remitió a esa publicación como su comentario sobre el fallo. El Departamento de Justicia no respondió por el momento a una solicitud de comentarios. La orden ejecutiva que busca crear un padrón electoral nacional se encuentra entre numerosos pasos que Trump ha tomado durante su segundo mandato para intentar reformar la manera en que se administran las elecciones. También ha intentado obligar a los votantes a proporcionar prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar, prohibir que se cuenten las boletas por correo si se reciben después del día de las elecciones y prohibir que el Servicio Postal envíe boletas a personas que no estén en un padrón electoral aprobado. La mayoría de esas medidas han sido bloqueadas por diversos tribunales, en parte porque la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para establecer las reglas electorales, pero no concede tal poder al presidente. Votar siendo no ciudadano ya es ilegal y punible como un posible delito grave que podría conducir a la deportación. También es poco frecuente, y representa apenas una diminuta fracción de quienes figuran en los padrones electorales estatales, El programa SAVE se creó en virtud de una ley de inmigración que ordena que el DHS ayude a agencias federales, estatales y locales a evitar que programas de asistencia gubernamentales vayan a no ciudadanos. Al menos 25 estados lo utilizaron para revisar sus padrones electorales desde abril de 2025, después de que el gobierno de Trump ampliara de forma significativa sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, al menos 67 millones de inscripciones han sido examinadas mediante el programa, pero los críticos temen que pueda terminar eliminando del padrón a votantes válidos. Los demandantes, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, el Electronic Privacy Information Center y cinco ciudadanos estadounidenses no identificados, habían alegado que el programa SAVE renovado violaba los derechos de privacidad y electorales de los estadounidenses. Los grupos también sostuvieron que el gobierno de Trump violó leyes federales de privacidad al hacer caso omiso a requisitos de transparencia sobre los cambios al sistema. “La agencias se apresuraban para cumplir con una orden ejecutiva destinada a remodelar las elecciones federales, que les ordenaba crear un sistema para la verificación masiva de votantes”, escribió la jueza. “Así que, de manera improvisada, combinaron y reutilizaron la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que eran poco fiables”. El abogado de los demandantes, Nikhel Sus, dijo al tribunal durante la audiencia de octubre que los ciudadanos naturalizados enfrentan un mayor riesgo de ser eliminados ilegalmente de los padrones electorales. “Son particularmente vulnerables a errores en la base de datos”, señaló Sus, abogado de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Sus expresó el lunes que considera el fallo de Sooknanan una “victoria total” y destacó que los demandantes estaban satisfechos de que la decisión de la jueza reforzara su argumento de que el gobierno federal no tiene autoridad implícita para compartir libremente datos sensibles entre agencias. Mark Johnson, quien imparte clases en la facultad de derecho de la Universidad de Kansas y con regularidad impulsa demandas sobre leyes electorales, dijo que “no podría estar más claro” que el programa SAVE viola las leyes federales de privacidad. Dijo que una orden ejecutiva de Trump no puede anular una ley federal. “Es una idea ilegal. Además es una mala idea”, afirmó. Durante la campaña presidencial de 2024, mientras Trump impulsaba afirmaciones falsas de un voto generalizado de no ciudadanos, secretarios de Estado republicanos comenzaron a solicitar mejoras al sistema SAVE para hacerlo más eficiente para detectar a no ciudadanos en sus padrones. Una limitación era que el sistema sólo había podido revisar a una persona a la vez. El DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y el Departamento de Eficiencia Gubernamental cumplieron con esas solicitudes en 2025, según anuncios públicos. Hicieron que SAVE fuera gratuito para los funcionarios electorales, permitieron que las agencias buscaran votantes por miles y comenzaron a permitir consultas usando nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, en lugar de exigir números de identificación emitidos por el DHS. Varios secretarios de gobierno estatales han dicho que la reforma de SAVE mejoró su