En febrero, la administración Trump puso en excedencia a todo el personal de USAID en todo el mundo, excepto a una fracción, y notificó el despido de al menos 1,600 de sus empleados Emite orden contra el DOGE para evitar más recortes a esa agencia WASHINGTON. Un juez federal dictaminó el martes que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) probablemente viola la Constitución y bloqueó al Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk para que no haga más recortes a la agencia. El juez de distrito de Estados Unidos Theodore Chuang en Maryland ordenó a la administración Trump restaurar el correo electrónico y el acceso informático a todos los empleados de USAID, incluidos los que fueron puestos en licencia administrativa. La demanda señaló a Musk como un acusado cubierto por la medida cautelar preliminar. Los abogados de los empleados y contratistas de USAID habían solicitado la orden. En febrero, la administración Trump puso en excedencia a todo el personal de USAID en todo el mundo, excepto a una fracción, y notificó el despido de al menos 1,600 de sus empleados con sede en Estados Unidos. El esfuerzo por desmantelar la agencia de ayuda, con seis décadas de existencia, formaba parte de una iniciativa más amplia para cancelar miles de millones de dólares en gasto exterior. El día de la toma de posesión, Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba la congelación de la financiación de la ayuda exterior y la revisión de toda la ayuda estadounidense y el trabajo de desarrollo en el extranjero. Trump acusó a gran parte de la ayuda exterior de despilfarro y de promover una agenda liberal.
Madre denuncia que ICE arrestó a su hija en plena cita programada
Laura González La joven, que es cubana, no tiene antecedentes penales. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúa ejecutando arrestos de inmigrantes sin documentación en diferentes estados como parte de las acciones migratorias que impulsa la administración de Donald Trump. En Florida, se conoció el caso de una joven cubana que esperaba su cita de asilo y fue trasladada a otro estado tras ser detenida. La madre de Laura de la Caridad González Sánchez informó sobre lo ocurrido a Univision Miami. De acuerdo con su testimonio, el 10 de marzo su hija, de 26 años, asistió a una cita de control con inmigración. Contaba con el formulario I-220A, un documento que permite a ciertos migrantes continuar con su proceso de residencia legal. Además, no tenía antecedentes penales. Según la información proporcionada, la detención ocurrió en las oficinas de inmigración en Miramar, Florida. Esta entidad se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias y garantizar la seguridad en el estado. No obstante, la madre de la joven sostiene que no ha recibido una explicación clara sobre la medida adoptada en su contra. Abogado y familiares cuestionan la detención de la migrante Celia Sánchez expresó en Univision su desconcierto ante lo sucedido: “No hay ningún tipo de explicación, a ella allí (en Miramar) le dijeron que había sido un grupo que se había escogido al azar”. En su declaración, agregó su angustia por la situación: “Estoy rota, estoy destruida, es mi única hija”. Por su parte, Eduardo Soto, abogado de inmigración de la joven, también manifestó su inconformidad con la decisión de las autoridades. En conversación con el mismo medio, explicó que Laura no tenía un historial delictivo y cuestionó la falta de claridad en las razones de su arresto. “En vez de dejarla ir a su casa, la detuvieron. Simplemente, le dijeron a ella que había una medida nueva, cosa que hasta el momento se desconoce. Hubo aproximadamente 18 cubanos detenidos con la misma situación”, declaró. Traslado de la joven a otro estado Según su madre, Laura se encuentra actualmente detenida en Arizona y está en proceso de traslado a California. Su ingreso a Estados Unidos se registró en septiembre de 2022, cuando cruzó la frontera. En ese momento, se le otorgó el I-220A. Más tarde, presentó una solicitud de asilo y su primera cita estaba programada para el 25 de diciembre de 2025, aunque esta habría sido cancelada. El abogado Soto alertó que la detención de la joven cubana es parte de un fenómeno más amplio que afecta a muchos inmigrantes en Estados Unidos. Según su declaración, aproximadamente un millón de personas en el país enfrentan el riesgo de ser arrestadas en circunstancias similares.
Trump y los republicanos se activan para destituir al juez que bloqueó las deportaciones
El presidente Donald Trump y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión para destituir al magistrado James Boasberg El presidente calificó al magistrado James Boasberg de “lunático de izquierda radical”. Washington. El presidente Donald Trump y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión para destituir al magistrado James Boasberg, que ordenó detener deportaciones de extranjeros sin vistas judiciales previas, después de que un congresista republicano iniciara el proceso legislativo para tratar de cesarlo. “¡Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de presidente, entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, tras haber pedido la destitución de Boasberg en otra publicación unas horas antes. El martes el congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso. En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución de Boasberg son inexistentes según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas. En todo caso, figuras cercanas a Trump, como su subjefe de Gabinete, Steven Miller, o la congresista republicana Lauren Boebert han hecho llamamientos en las últimas horas en redes sociales exigiendo que se destituya a Boasberg, al que acusan de “activista” o de ser un juez “no electo” que “está robando el voto y la voz del pueblo estadounidense”. La campaña encabezada por Trump llevó el martes al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el conservador John Roberts, a reprender estos llamamientos y a recordar que el circuito de apelaciones es el recurso deseable cuando se está en desacuerdo con un fallo judicial. El sábado Boasberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo Trump de la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de extranjeros sin vista judicial previa. Trump argumentó que Estados Unidos estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas, y, pese a la orden judicial, el Gobierno estadounidense envió a más de 200 venezolanos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos. Uno de los abogados que representan a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso. Mientras, el Gobierno de Trump insiste en condenar públicamente a jueces -los republicanos han activado en total cuatro proceso de destitución- que bloquean las medidas del Ejecutivo, cuestionando la separación de poderes en Estados Unidos.
