Tarrio acababa de salir de una rueda de prensa, cerca del Capitolio de Estados Unidos, que había terminado “sin incidentes”, dijo la policía. Se alega que agredió a una mujer en presencia de varios policías. WASHINGTON. El ex líder nacional de los Proud Boys, Enrique Tarrio, fue detenido el viernes cerca del Capitolio de EE.UU. acusado de agredir a una mujer que protestaba en una reunión a la que asistieron Tarrio y otras personas que recibieron indultos presidenciales por delitos derivados de los disturbios del 6 de enero de 2021 en la capital del país. La policía del Capitolio dijo que los agentes vieron a Tarrio golpear el teléfono móvil y el brazo de la manifestante después de que la mujer colocara el teléfono cerca de su cara mientras caminaban cerca del Capitolio. Tarrio acababa de salir de una rueda de prensa que había terminado “sin incidentes”, dijo la policía. “La mujer dijo a nuestros agentes que quería ser denunciante, y el hombre fue detenido por agresión simple”, dijo la policía en un comunicado. Un abogado que representó a Tarrio en su caso de disturbios en el Capitolio no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios. Tarrio, de Miami, estaba cumpliendo una condena de 22 años -la más larga entre cientos de casos de disturbios en el Capitolio- cuando el presidente Donald Trump concedió clemencia el mes pasado a las más de 1,500 personas acusadas en el ataque del 6 de enero. Un jurado condenó a Tarrio y a tres de sus lugartenientes por conspiración sediciosa por un complot violento para impedir el traspaso pacífico del poder presidencial de Trump al presidente Joe Biden tras las elecciones de 2020. Tarrio publicó en las redes sociales que ofrecería una conferencia de prensa el viernes con otros Proud Boys y el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, que también fue condenado por conspiración sediciosa pero que salió de prisión el mes pasado después de que Trump conmutara su sentencia de 18 años.
Mujer entró a restaurante en Estados Unidos y agredió a migrantes: “Vuelvan a su país”
Los trabajadores no respondieron a los insultos y el vídeo se hizo viral en redes sociales. El incidente ocurrió en medio de operativos migratorios del ICE y medidas de deportación. En Houston, Texas, se han llevado a cabo operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha generado inquietud entre los ciudadanos extranjeros sin documentación legal. En medio de este ambiente, también se han registrado incidentes de confrontación contra inmigrantes en espacios públicos. Un caso reciente ocurrió en un restaurante, según reportó un creador de contenido en redes sociales. Carlos Eduardo Espina, usuario de TikTok, difundió un vídeo en el que se observa a una mujer estadounidense insultando a empleados de Panda Express, un restaurante ubicado en el 19 de East Crosstimbers, una zona concurrida de la ciudad. De acuerdo con las imágenes, la clienta exigió hablar con un encargado y, posteriormente, lanzó comentarios ofensivos hacia el personal y los guardias de seguridad. Entre sus palabras, se escuchó la frase: “Lárgate de mi país”. A pesar de la agresión verbal, los empleados continuaron con su labor sin responder a los ataques. El vídeo se volvió viral en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su descontento con lo sucedido. Uno de ellos escribió: “Después de que salgamos de esta crisis, tomará décadas volver nuevamente donde estábamos”. Las personas que sean víctimas de discriminación pueden seguir distintos pasos para presentar una queja ante las autoridades correspondientes: Es recomendable documentar los incidentes, incluyendo detalles como fechas, ubicación y personas involucradas. Videos y otras pruebas pueden fortalecer la denuncia. Existen organizaciones que ofrecen apoyo en estos casos, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Ambas proporcionan orientación legal. Dependiendo del contexto, se puede presentar una denuncia ante entidades gubernamentales. La EEOC maneja casos relacionados con empleo, mientras que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) se encarga de quejas sobre discriminación en el acceso a viviendas. En situaciones más complejas, buscar asesoría de un abogado especializado en derechos civiles puede ayudar a comprender las opciones legales disponibles. Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha implementado estrategias para reforzar las políticas migratorias. Parte de sus acciones incluyen el despliegue de agentes del ICE en diferentes estados para realizar arrestos y deportaciones de personas sin estatus legal en el país. Además, su administración ha declarado la frontera sur como una zona de crisis y ha anunciado el uso de recursos militares para fortalecer el control en el área, incluyendo la reconstrucción de la barrera fronteriza con México. En un discurso reciente, el mandatario afirmó: “Será una restauración total de Estados Unidos”.
El interés expansionista de Trump olvida a Puerto Rico, pendiente de cambiar su estatus
La situación colonial de Puerto Rico es uno de los principales debates en la isla. Aunque habla de convertir a Canadá en el estado 51. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado sus pretensiones expansionistas con su retórica de convertir Canadá en el estado 51 pero se ha olvidado de Puerto Rico, que está bajo dominio estadounidense desde 1898 y busca definir su futuro estatus político. La situación colonial de Puerto Rico es uno de los principales debates en la isla, que está dividida entre aquellos que optan por la “estadidad” (anexión a Estados Unidos), los que abogan por la independencia y los que prefieren mantener el estatus actual de Estado Libre Asociado. Para el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo objetivo es la estadidad, el silencio de Trump sobre Puerto Rico mientras muestra interés por Canadá e incluso por adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, es un jarro de agua fría. “Si miramos desde 1898, resulta evidente que en todas las ocasiones en las que cualquiera de las tres ramas de Gobierno de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de expresarse oficialmente, han demostrado el interés inequívoco de que Puerto Rico ni se convierta en un estado de la unión ni se convierta en un país soberano”, explicó a EFE Jorge Schmidt, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El politólogo afirmó que a Estados Unidos “nunca le interesó” ni a nivel económico ni geopolítico definir un estatus diferente al de Estado Libre Asociado para la isla y que la intención al dar a los puertorriqueños la ciudadanía en 1917 fue mantenerlos “permanentemente bajo la bandera estadounidense”, pero no como estado de pleno derecho. En opinión del analista, el mayor impedimento para que Puerto Rico sea un estado es la gran población bajo un umbral de pobreza que depende de los fondos federales, así como las diferencias etnolingüísticas y culturales que tiene la isla caribeña con el país norteamericano. “En estos tiempos con Donald Trump esto se ha exacerbado, inclusive están deportando personas que precisamente se parecen al perfil nuestro”, sentenció el politólogo, haciendo referencia a las deportaciones masivas de migrantes latinos. El Estado Libre Asociado, que para Schmidt es un eufemismo de “colonia”, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Estados Unidos áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas. La abogada y senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, aseguró a EFE que los estadounidenses “se benefician enormemente de esta condición ambigua en el Estado Libre Asociado”. “Se le puede dar un tratamiento contributivo distinto a residentes de Estados Unidos y eso aplica para individuos con la Ley 22 y también para corporaciones multinacionales al amparo de los decretos de exención contributiva”, denunció. Además, la senadora independentista lamentó que la isla caribeña es “un gran consumidor” de bienes provenientes de Estados Unidos que llegan por virtud de la Ley Jones, que regula el tráfico marítimo y es conocida como ley de cabotaje. Santiago también criticó la aprobación por Washington en 2016 de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que considera “un ejercicio de una dictadura” porque “desapareció la autonomía fiscal de Puerto Rico”. La senadora opinó que el interés por Canadá de Trump es “más un acto de fanfarronería que el reflejo de una intención legítima” y que el hecho de que no mencione a Puerto Rico muestra que “la anexión de la isla no responde a ningún interés de ese país”. “Es un proyecto político que no tiene ninguna posibilidad de futuro”, subrayó, al contrario de lo que opina el PNP y la gobernadora Jenniffer González, quien es además partidaria de Trump y ha intentado restar importancia a esta situación. En esa línea, José Aponte, senador del PNP, dijo a EFE que “todo hay que trabajarlo día a día” y que las autoridades federales “deben dar respaldo al 58.6% de votos a favor de la admisión de Puerto Rico como estado” del último plebiscito local, no vinculante, de 2024. Al nulo interés de Trump por convertir a Puerto Rico en estado, se sumó recientemente la incertidumbre por un memorando que circula supuestamente entre las élites políticas de Washington y que propone que Puerto Rico sea independiente en un plazo de dos años.
Prensa Asociada demanda funcionarios del gobierno de Trump por negarle acceso a eventos del presidente
Al impedir que la AP asistiera a eventos de prensa en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, o que volara en el Air Force One, el equipo de Trump citó directamente la decisión de la AP de no seguir completamente el cambio de nombres decretado por el presidente. Catalogan la acción como un “intento inconstitucional” de controlar el discurso. The Associated Press demandó el viernes a tres funcionarios del gobierno de Donald Trump para exigir acceso a eventos presidenciales, y pidió a un juez federal que detenga el bloqueo que la Casa Blanca ha implementado contra sus periodistas desde hace 10 días. La demanda fue presentada el viernes por la tarde en la Corte de Distrito federal en Washington, D.C. La AP afirma que su demanda es contra un intento inconstitucional por parte de la Casa Blanca de controlar el discurso; en este caso, por negarse a cambiar su estilo editorial de “Golfo de México” a “Golfo de Estados Unidos”, como lo hizo Trump el mes pasado con una orden ejecutiva. “La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen el derecho de elegir sus propias palabras y no ser objeto de represalias por parte del gobierno”, dijo la AP en su demanda, que acusa a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susan Wiles, al jefe de despacho adjunto, Taylor Budowich, y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. “Este ataque contra la independencia editorial de la AP y su capacidad para recopilar e informar noticias ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos, afirmó la agencia de noticias. “Este tribunal debería remediarlo de inmediato”. Al impedir que la AP asistiera a eventos de prensa en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, o que volara en el Air Force One en el lugar habitual de la agencia, el equipo de Trump citó directamente la decisión de la AP de no seguir completamente el cambio de nombres decretado por el presidente. “Vamos a mantenerlos fuera hasta que acuerden que es el Golfo de Estados Unidos”, dijo Trump el martes. Esta semana, alrededor de 40 organizaciones de noticias firmaron una carta organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que instaron a la presidencia a revertir su política contra la AP.
